De cuando en 1986 ya intentó protegerse el Mar Menor (I)

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La clase política sigue sin saber cómo gestionar este espacio natural
La clase política sigue sin saber cómo gestionar este espacio natural. / JLD

A septiembre de 1986, nada menos que treinta años, tenemos que remontarnos para localizar en las hemerotecas un proyecto de ley para la protección del Mar Menor.

Y su intento de puesta en marcha por el entonces gabinete socialista de Carlos Collado generó un colosal enfrentamiento con el poderoso sector de la construcción y los intereses, más o menos declarados, que éste tenía con los ayuntamientos afectados.

Se acordó elaborar planes especiales de protección para las salinas de Marchamalo (afectando a Playa Paraíso y El Vivero y extendiendo su ámbito al bosquecillo de pinar y palmeras en la entrada de Cabo de Palos), Calblanque, islas e islotes de la laguna, Cabo de Palos, Peña del Águila, Salinas de San Pedro, Coto de las Palomas, playas de La Llana y El Mojón y un plan urbanístico ambiental para La Manga.

El gobierno socialista de Carlos Collado, autor del proyecto, acordó que el proyecto contara con las directrices necesarias para suspender las licencias de parcelación de terrenos y edificación que estuvieran en tramite:

“…en todos aquellos casos [fueron veinticinco] que exista contradicción entre las previsiones de las directrices y los planeamientos municipales afectados, hasta en tanto no se salve dicha contradicción”.

El ambicioso proyecto incluía hasta restringir la utilización de embarcaciones a motor en la laguna.

Y a pesar de no gustar a los constructores las organizaciones ecologistas consideraron que esta ley apoyaba abiertamente los intereses urbanísticos y especulativos sobre la costa ya que:

“…El Palmeral de Cabo de Palos, parece estar condenado por una empresa urbanizadora inglesa, Calblanque es el punto de mira de una empresa urbanizadora germano-libanesa, propietaria de los terrenos. En Atamaría, se construye, por parte de La Manga Club, una abominable urbanización. El vertido de Portmán, a pesar de las promesas políticas, continúa sin solución”.

Según las I Jornadas sobre el Litoral Murciano que se celebraron por esas fechas:

“La Ley del Mar Menor no defiende sus valores ecológicos”.

En cualquier caso lo que parecía innegable era la caótica situación en la que se encontraba la planificación urbanística en La Manga y la necesidad de poner algo de orden: ausencia de equipamientos colectivos y espacios libres, construcción de urbanizaciones turísticas como viviendas VPO, carencia de armonía en el diseño de los edificios… encontrándose la Comunidad Autónoma, además de a empresarios y ecologistas, con una fuerte resistencia al cambio por parte de los dos ayuntamientos afectados, San Javier y Cartagena, al ser receptores directos de los impuestos provocados por la construcción.

Unos meses más tarde, en mayo de 1987, el Consejo de Ministros declaraba “zona de especial protección” tanto a La Manga como a todo el Mar Menor junto a La Albufera de Valencia, el Delta del Ebro y las albuferas de las islas Baleares, siguiendo el espíritu de protección de determinados parajes mediterráneos acordado en una cumbre europea celebrada en Barcelona en 1976. Su objetivo estaba claro: poder acceder a todas las políticas de subvenciones medioambientales que la UE tenía previsto para este tipo de espacios. Ahora se entendía ese interés de Collado por sacar aceleradamente una ley de protección de la laguna. Europa ofrecía dinero a cambio.

Pese a todo La Ley de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor no pudo con tan poderosos enemigos y fue derogada el 5 de abril de 2001 por el nuevo Gobierno conservador del Partido Popular sustituyéndose por una Ley del Suelo de la Región de Murcia de corte neoliberal y mucho más permisiva con el desarrollo urbanístico de la costa.

De cómo el Gobierno regional perdió ese enorme pulso lo veremos en el siguiente y último capítulo.

De cuando en 1986 ya intentó protegerse el Mar Menor (y II)

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