El 21 de mayo de 1993 tuvo lugar la primera asamblea general en el hotel Entremares haciéndose cargo del expediente segregador el abogado José Antonio Gallego González.
Un año más tarde, y al objeto de evitar algún tipo de bloqueo al proyecto segregacionista, el abogado del caso sugirió la necesidad de cambiar el término “San Ginés” por “Dos Mares”. Así evitaban tener que abarcar toda la diputación con ese nombre para su idea secesionista.
Quedó registrado el cambio de nombre el 29 de septiembre de 1994 en la Secretaría General de la Comunidad Autónoma con el número de referencia 4014.
Por aquel entonces los vecinos que asumieron la responsabilidad de llevar a cabo el proceso segregacionista ya se habían encontrado con serias dificultades, no siempre técnicas, en sus peticiones de documentación a ambos ayuntamientos.
Según el fallecido Rafael San Román sufrieron negación de documentos oficiales y públicos, como el padrón de habitantes actualizado o copia de los presupuestos ordinarios y planos de la zona afectada, errores en los datos que ofrecían los técnicos municipales “para alargar los trámites” o entorpecimiento notarial para la recogida de firmas necesarias.
Aun así lograron el 64,94% de firmas de vecinos empadronados a favor de la segregación en la zona de San Javier (cuatrocientas treinta y seis firmas) y el 67,65% en la zona de Cartagena (quinientas dos, luego ampliadas a mil setecientas sesenta cuando se incluyó Cabo de Palos y Los Belones).
Sin embargo, la cosa no les fue bien. A pesar de pronunciamientos como el del Consejo de Estado que no veía motivos para impedir la segregación al cumplirse todos los requisitos.
Pero la presión de los ayuntamientos por el innegable drama económico que suponía para ellos sobre la Comunidad Autónoma posiblemente determinó que el Gobierno regional acabara denegando la segregación echando mano de una ley donde se decía que todo nuevo municipio debía garantizar una mejora de los servicios a los ciudadanos y, según ellos, eso no se iba a producir.
El Ayuntamiento de San Javier, en sesión plenaria el 9 de marzo de 1995 decidió, por la cuenta que le traía, que “no concurrían circunstancias de interés general, que la distancia no era motivo para alegar el abandono de la población, que lo pedía una exigua mayoría de vecinos, que no se acreditaba que fuera a mejorarse la calidad de los servicios con el nuevo municipio y, por último, que había defectos y errores en el proyecto”.
Por su parte el de Cartagena, reunidos en pleno extraordinario un día después, el 10 de marzo, afirmaba cosas parecidas “no se justifica una mejora de la calidad de los servicios con el nuevo municipio, tampoco se garantiza que pueda hacer frente a las cargas previstas y tampoco se había alcanzado la mayoría en determinados núcleos comprendidos en la zona a segregar”.
Lo cierto es que el 13 de marzo de 1997 el Consejo de Estado, en ese dictamen no vinculante, nunca cerró la puerta a la segregación finalizando con un “no obstante, se resolverá como lo estime más acertado” sugiriendo, en el caso de que la Región no admitiera ese nuevo municipio, la creación de algún organismo que satisficiera las demandas de la población a la legítima “pretensión de segregación formulada”.
Los siguiente recursos interpuestos por la Comisión gestora para tratar de salvar la decisión que ya se había tomado no surtieron efecto (el Tribunal Superior de Justicia de Murcia se pronunció contra la segregación, a pesar del dictamen del mismísimo Consejo de Estado que nunca cerró esa opción) mientras sí le hacía caso a la idea de crear un organismo destinado, según palabras de San Román, a “desestabilizar y boicotear el expediente de segregación”: se creaba La Manga Consorcio el 26 de octubre de 1999.
El primer año la Comunidad Autónoma aportaba cien millones de pesetas (unos seiscientos mil euros) a este nuevo organismo y diez millones (sesenta mil euros) cada uno de los ayuntamientos para tratar de desinflar las quejas a base de una inyección de dinero que siempre se le negó a La Manga.
La operación era perfecta para los municipios afectados: se gastaban ciento veinte millones de pesetas pero se salvaban los tres mil millones (dieciocho millones de euros) que recaudan las administraciones municipales en la zona.
Además, el Consorcio sería dirigido por un gestor elegido por la Administración con lo que se desactivaba ese componente democrático y popular de elección del administrador que un nuevo municipio implicaba.
Toda esta estrategia política pergeñada desde el poder para evitar una segregación «tranquila» como la que ya había vivido Los Alcázares se puso en marcha al poco de demostrar el Partido Independiente Dos Mares (PIDM), en las elecciones municipales de 1995, su enorme tirón entre los vecinos: obtuvo el 52,42% de los votos totales (en La Manga Norte el 61,77%, en La Manga Sur el 45,26% y en Los Belones el 45,26%).
Si hubieran tenido Ayuntamiento habría supuesto la presencia de cinco concejales para el PIDM, cuatro para el PP y uno para el PSOE, una clamorosa derrota para los partidos gobernantes y una enorme pérdida de control sobre una importante cantidad de impuestos.
El proyecto, finalmente, quedó en el aire a la espera de mejores tiempos.
Ahora un grupo de quince mangueros han vuelto a retomar la idea con la esperanza de alcanzar aquello que sus padres no lograron.
Un Ayuntamiento para La Manga. La idea de Tomás Maestre que casi se logra en los noventa (I)
