Las gentes de mar son duras, luchadoras e intrépidas, principalmente los pescadores. De eso no le cabe duda a nadie y menos a los piratas berberiscos.
Corría el mes de enero de 1616 y la piratería berberisca, que no se llegaría a erradicar hasta el siglo XIX, estaba en pleno apogeo. Aparte de las habituales depredaciones tierra adentro y el asalto de buques mercantes de todas las nacionalidades, la actividad pesquera en nuestras costas se veía perjudicada en tanto que los pescadores que recorrían las almadrabas de Cabo Cope, Mazarrón y La Azohía, así como las pesquerías y encañizadas de Cabo de Palos, eran frecuentemente muertos o capturados como esclavos.
Además de las fuerzas regulares, la lucha contra estas incursiones caía en manos civiles por parte del Concejo de Cartagena en forma de milicias concejiles, antecesoras de nuestra actual Reserva Voluntaria, o simplemente, de armadores privados con patentes de corso. Todos ellos autorizados por el Concejo para ejecutar lo que se dio en llamar cabalgadas, consistentes en misiones de castigo contra estos piratas.
El caso es que, en el último mes del año anterior, un bergantín berberisco se había acercado a nuestras costas, capturando a varios pescadores y asesinando a otros, calentando los ánimos de la comunidad pesquera de la zona, de tal manera que, cuando apareció una nueva nave berberisca que, además, había capturado un pesquero el día anterior, decidieron pasar a la acción.
La noticia llegó cuando tres laúdes cartageneros se hallaban faenando y sus tripulaciones decidieron transbordar a dos barcas y lanzarse en persecución del pirata, un navío de escaso porte al que dieron alcance mar adentro.
A pesar de no ir artillados, los pescadores maniobraron para abordar la nave berberisca, entablándose un combate cuerpo a cuerpo que se saldó con la captura de 16 moros, incluyendo a su arraéz o capitán, buen conocedor de nuestras costas, y de un cristiano renegado criado en Cartagena.
Con el buque pirata en presa, los pescadores volvieron a Cartagena donde fueron recibidos por el corregidor Antonio de Quiñones Pimentel, quien ordenó su detención y envío a presidio, incautando esclavos y bienes capturados, y trasladándolos a Murcia. La razón esgrimida por el corregidor era que la cabalgada se había desarrollado sin su permiso y el proceso a estos intrépidos pescadores no se resolvería hasta tres meses después.
Fue el Concejo de Cartagena quien salió valedor de estos pescadores, escribiendo al Rey para ponerle en antecedentes de la arbitrariedad cometida. La respuesta real no se haría esperar, llegando en el mes de febrero, y en ella se multaba al corregidor con 300 ducados que habrían de ser compartidos entre los pescadores. El Concejo envió a un Comisionado a informar al corregidor, que se negó a recibirle.
A continuación, se produjo un cruce de acusaciones entre el Concejo y el corregidor que llevaron a que el propio Rey enviara a un juez para investigar el caso, confirmando las arbitrariedades del corregidor, que sería destituido, y haciendo cumplir la orden dada por el Rey de compensar a los pescadores.
Así se cerraba un conflicto en una época dura en la que los piratas surcaban nuestras costas pero que transitaban también por los centros del poder.
