Ante la voluntad de los promotores de mantener en vigor el Plan Parcial de El Vivero el Ayuntamiento de Cartagena ha pedido a Urbanismo de la Comunidad Autónoma “que le aclare esta situación y le diga si el plan vale y se puede ejecutar o si se tiene que modificar”, según señala el informe entregado al Grupo Municipal Cartagena Sí Se Puede por Planeamiento Urbanístico a raíz de la noticia publicada el pasado día 13 en Diario de La Manga sobre la citada urbanización.
“Así en esta fase se encuentra la cosa —ha afirmado la concejal de Cartagena Sí Se Puede, Pilar Marcos, a este periódico— y no sabemos el tiempo que durará”.
Durante la reunión que los servicios jurídicos de CSSP han mantenido con los jefes de Planeamiento de la Corporación municipal, para informarse sobre la situación actual del expediente, se les explicó que el Plan se encuentra en un impasse provocado por un conflicto de competencias ya que, “por un lado —señala Marcos— Urbanismo de la Comunidad Autónoma dice que el plan parcial está aprobado, en cumplimiento de una sentencia, mientras que la Dirección General del Medio Natural ha manifestado la necesidad de conservar determinados valores naturales en la zona”.
Todo este conflicto se centra en el documento de la memoria ambiental del Plan donde se dice que el órgano encargado de ejecutar la sentencia “deberá valorar la compatibilidad de dicha ejecución con la conservación de los valores naturales existentes”.
Indemnización millonaria
Es, según Marcos, el único punto “y débil” que garantiza que aún no se haya puesto en marcha un proyecto urbanístico tan antiguo y aprobado, aunque CSSP considera que la voluntad de los promotores de continuar con el Plan en vigor ya no se basa en la decidida intención de construir sino, más bien, en no perder jurídicamente la posibilidad de una indemnización en el caso de que la Comunidad Autónoma, e incluso la Unión Europea, considerara que la urbanización de El Vivero es incompatible con la citada conservación de los valores naturales presentes en el Mar Menor.
“Supondría —indica Marcos— una indemnización millonaria” que difícilmente podría asumir el Ayuntamiento “aunque no debemos adelantarnos pues no sabemos cómo terminará todo”. Se da la circunstancia de que la Comunidad Autónoma empezó a diseñar unas nuevas directrices en noviembre para que la UE pudiera financiar, en concepto de compensación por los servicios ambientales, a los propietarios de terrenos afectados por las estrictas normativas comunitarias con que cuenta muchos de los espacios naturales de la Región.
Para ello se creó una reunión de trabajo denominada “Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad y Fondos Europeos” donde se abordaron «las posibilidades de financiación por la compensación de los servicios ambientales a los propietarios de terrenos”, según señala un comunicado remitido por la Red de Autoridades Ambientales en su última sesión plenaria celebrada en Murcia y publicado por este diario el pasado 17 de noviembre. Algo a lo que podrían acogerse si, en última instancia, se considerara que El Vivero (o el Mar Menor) posee valores naturales que hay que conservar y se integrara en, por ejemplo, la Red Natura 2000 ampliando los límites de las colindantes salinas de Marchamalo.
El último intento legal de parar el proyecto, sin indemnización, fue el que sostuvo Foro Ciudadano tratando de impedir su aprobación acogiéndose al famoso artículo 9 de la Ley de Costas que impide la propiedad no estatal en terrenos marítimo–terrestres incluidos los ganados al mar aunque, como afirma el presidente de ANSE, Pedro García, la alegación “no tuvo futuro jurídico y ya se vio abordado en la sentencia que aprobó el Plan”.
