El portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular en la Asamblea Regional, Víctor Martínez, mantuvo ayer martes una reunión con el único alcalde ribereño del Mar Menor que aún no se había pronunciado contra la moratoria urbanística, el alcalde de Cartagena, José López de Movimiento Ciudadano.
A la reunión, solicitada por el grupo popular, asistieron los alcaldes conservadores de San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, José Miguel Luengo, Visitación Martínez y Anastasio Bastida, respectivamente, quienes escucharon de palabras del alcalde que el proyecto Novo Carthago «está vigente, legal y judicialmente» entendiendo López que su urbanización se hace necesario ya que «la prioridad» es la restauración del Monasterio de San Ginés y descontaminar el humedal de Lo Poyo.
El alcalde les ha señalado que “el proyecto, como todo el Plan General, cuenta con una Evaluación Ambiental Estratégica, siendo el Plan General de Cartagena el único que la tiene en la Región”, añadiendo que “Huerta Calesa y Cala Reona, que no están en el Mar Menor, también están vigentes y pendientes de trámites ambientales urbanísticos”.
López, pese a todo, no tiene inconveniente en considerar que, al margen de estos estos macrocomplejos urbanísticos a orillas de la laguna, se hace necesario «impulsar medidas concretas que favorezcan al Mar Menor, huyendo de un crecimiento urbanístico desmesurado y de la agricultura intensiva” confiando en que «los grupos parlamentarios en la Asamblea puedan dotar al Mar Menor de una norma específica que garantice su sostenibilidad”.
El alcalde se ha ofrecido, además, a “liderar desde el Ayuntamiento de Cartagena esta nueva etapa que debe ser de entendimiento en beneficio del Mar Menor”, ofreciéndose para propiciar que tomen parte de este tipo de reuniones “el resto de grupos parlamentarios en la Asamblea Regional”. El primer edil ha recordado que “las competencias urbanísticas son, en general, municipales, mientras que las medioambientales son autonómicas”, por lo que “debemos trabajar desde el consenso y la coordinación”, ha asegurado.
La moratoria genera «incertidumbre e inseguridad jurídica»
Respecto a la moción sobre la moratoria urbanística en el Mar Menor que se debatirá en el Parlamento regional, López ha destacado que su redacción genera, “a juicio de los técnicos incertidumbre e inseguridad jurídica puesto que no es una norma, por lo que su aprobación no tendría ninguna tramitación; las medidas que se adopten deben estar avaladas con estudios técnicos, sociales y económicos, además de que cuando exista un instrumento normativo, éste habrá de contemplar la forma en que la Comunidad Autónoma va a compensar los derechos de los propietarios de los terrenos».
