En el Pleno de ayer martes se ha aprobado la moción propuesta por CTSSP, PSOE y MC a favor de la continuidad de la actividad en el aeropuerto público de San Javier. La resolución a favor ha contado también con los votos de Ciudadanos votando en contra el PP.
Con esta moción se ha instado al Ministerio de Fomento y al Gobierno de la Comunidad Autónoma a que informen sobre los términos del acuerdo anunciado sobre la situación del Aeropuerto de San Javier y que en tanto no se despeje el futuro del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia situado en Corvera, se mantenga la continuidad del aeropuerto público de Murcia-San Javier, y del empleo de los trabajadores de dicho aeropuerto. También que se sostengan las empresas de servicios y empleos indirectos que dependen de dicho aeropuerto.
La moción también expone que de adoptarse la decisión actual del Partido Popular, se sometería a la Región de Murcia a un concurso privado del transporte aéreo, volviendo a fomentar el uso privado en detrimento de lo público, a la vez que se sigue favoreciendo la apertura de un aeródromo privado, inviable y “fantasma” en Corvera.
En este sentido, cabe recordar que, a finales de diciembre de 2016, se conocía la decisión conjuntamente adoptada por el Ministerio de Fomento y el Gobierno regional de clausurar el aeropuerto público de San Javier.
Los autores de la moción han querido dejar constancia del reconocimiento que se merece «un aeródromo comercial y de pasajeros de carácter público, que durante años ha demostrado sobradamente su eficiencia y rentabilidad socioeconómica en beneficio de toda la Región».
El aeropuerto de San Javier, distinguido en 2015 como el mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros en los premios ASQ (Airport Service Quality) que concede el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), aumentó en 2016 su número de pasajeros respecto al año anterior situando la cifra en 1.096.980. Además, asegura un excelente servicio y está creciendo en conexiones europeas. El cierre del aeródromo supone, además, que la Región quede sometida a un concurso privado de transporte aéreo, quedando excluida la Comunidad Autónoma de la gestión pública de la red estatal de aeropuertos.
