El TSJ de Murcia ordena a la CARM indemnizar a los padres de la menor atropellada en Playa Honda con 109.000 euros

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El TSJ de Murcia considera responsable del accidente a la Comunidad Autónoma / DLM

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia deberá pagar una indemnización de 109.000 euros a los padres de una joven de 16 años que murió hace ahora más de tres años al ser atropellada por un turismo al bajar del autobús que la había llevado hasta Playa Honda, en las proximidades de La Manga del Mar Menor según informa el diario La Vanguardia.

Así se recoge en una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia que declara la responsabilidad patrimonial de la administración regional por haber «consentido» que el autobús del que descendió la menor hiciera una parada en un lugar no señalizado y carente de un lugar para el paso de peatones.

La sentencia señala también que ese lugar carecía de las mínimas medidas de seguridad, al no contar tampoco con iluminación y registrar un tráfico intenso en los meses de verano, que es cuando se produjo el mortal atropello al ser arrollada la menor por un turismo que viajaba en sentido contrario.

Indica así mismo el TSJ que esa parada no estaba prevista inicialmente cuando se aprobó la concesión de este transporte público de viajeros, sino que estaba fijada en otro lugar de la ruta, más hacia el interior de la urbanización de la Playa Honda.

A la hora de concretar la indemnización, la Sala hace una reducción del diez por ciento, al atribuir a la menor atropellada mortalmente una responsabilidad en ese grado por cruzar la carretera al bajar del autobús sin adoptar unas mínimas precauciones.

La sentencia incluye en esa indemnización no solo la cantidad correspondiente al fallecimiento, sino, también, los 3.000 euros igualmente reclamados por los padres por los gastos del sepelio.

Por el contrario, no incluye los 70.000 euros por daños morales también solicitados por los demandantes al estar comprendida en el baremo que se ha aplicado.

Para el TSJ, la responsabilidad patrimonial de la administración regional no admite lugar a dudas, y recoge que el propio inspector de la misma que informó sobre los hechos calificó el lugar donde ocurrieron de «una peligrosidad extrema».