Según informa hoy el digital nacional diario.es, dirigido por Ignacio Escolar, tras el proyecto de construcción de la nueva urbanización en Playa Paraíso, a orillas del Mar Menor y a cien metros de una zona protegida por su valor ecológico, se encuentra el actual presidente de la Oficina Anticorrupción del PP, el exdiputado Andrés Ayala.
Urbincasa es el acrónimo de Urbanizadora e Inmobiliaria Cartagenera SA. Se fundó hace medio siglo y desde noviembre de 2016 el secretario de su consejo de administración es Andrés Ayala, según consta en el Registro Mercantil. La empresa pertenece a la familia Restoy, accionista del grupo Diego Zamora, propietario de Licor 43, el pacharán Zoco o el ron Matusalén, y al que Ayala lleva años vinculado.
El exdiputado, abogado, experto en urbanismo y derecho administrativo, dejó su escaño en 2016 y Urbincasa es una de las muchas empresas a las que asesora. Ha sido colocado discretamente por el Gobierno en el consejo de Adif, el mayor ente público de gasto en España, y entre otras cosas, es socio y consejero de varias filiales del grupo de salas de juego Orenes. Desde octubre se encarga de fiscalizar a los cargos del PP como presidente de la denominada Oficina del Cargo Popular.
Según declaraciones realizadas a diario.es Francisco Cervantes, director general de Urbincasa, explica que Ayala, «no ha intervenido» en la tramitación del proyecto, que tiene las bendiciones del Ayuntamiento de Cartagena, gobernado en minoría por la socialista Ana Belén Castejón, y del Gobierno regional del PP.
La licencia la concedió el pasado 20 de diciembre la entonces concejal de Desarrollo Sostenible del municipio, María José Soler, del partido independiente Movimiento Ciudadano (MC), socios de Gobierno de la alcaldesa hasta el pasado 8 de enero.
Fuentes del consistorio cartagenero han señalado al citado diario nacional que el permiso a Urbincasa es «un acto reglado», ya que se trata de un suelo urbano establecido en un Plan Parcial que data de 1987, el único vigente ya que el aprobado en 2012 por el PP fue tumbado por la justicia.
El Ayuntamiento añade que, al estar el desarrollo ubicado en primera línea de playa y junto a una zona protegida, requirió informe favorable de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente del Gobierno de Murcia.
Para obtener el permiso autonómico, Urbincasa contrató a un gabinete de biólogos que analizó durante meses la posible afección sobre el vuelo de las aves o las plantas autóctonas y decidió, por ejemplo, aplicar medidas preventivas como no instalar papeleras en el complejo (para evitar la llegada de especies no autóctonas) o instalar alumbrado especial, explica el director general de Urbincasa, que define el proyecto como «muy chulo y vanguardista».
Moratoria no aplicada
El pasado martes, la portavoz de la marca de Podemos en la localidad cartagenera, Pilar Marcos, advirtió de su rechazo a la construcción «de otra mole de edificio» frente al Mar Menor y se preguntó «dónde está la moratoria urbanística» en el Mar Menor que, a través de una moción impulsada por el PSOE, instó a aplicar hace un año la Asamblea de Murcia al Gobierno regional.
Como reconoce el portavoz del PSOE en el parlamento murciano, Joaquín López, «realmente no hay moratoria» porque el Ejecutivo del popular Fernando López Miras «no ha tenido voluntad» de aplicar ese veto a las nuevas construcciones en esa zona.
La moción instaba al Consejo de Gobierno a, «mediante el instrumento legal que considere oportuno, suspender cautelarmente todos los desarrollos urbanísticos que afecten directa o indirectamente al Mar Menor» hasta que se promulgue una ley de protección específica. Pero incluía excepciones: «La ampliación natural de los cascos urbanos consolidados, con respeto a los derechos urbanísticos adquiridos por los particulares en los planes aprobados o en trámite». El desarrollo de Urbincasa estaría dentro de esas excepciones.
La portavoz de Cartagena Sí Se Puede reconoce que el proyecto de la empresa asesorada por Andrés Ayala tiene «todos los permisos» y que haberlos denegado sería «prevaricación». Matiza que su rechazo «es político, no jurídico», ante la «emergencia total y absoluta» que atraviesa el Mar Menor y el «grave daño paisajístico» que va a suponer el proyecto. Marcos reclama al Gobierno regional una Ley Integral del Mar Menor «y un plan de gestión al que se adapten los distintos planes generales urbanos» de los municipios de la laguna.
