MC exigió ayer al Gobierno regional de Fernando López Miras que devuelva los dos millones de euros gastados en la construcción de la tubería diseñada para desviar las aguas con nitratos desde la Rambla del Albujón al Mediterráneo «ahora que se ha conocido que dos de los principales responsables de aquella obra ‘de urgencia’, el ex director general del Agua, Andrés Martínez, y el ingeniero técnico forestal de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente, José Luis Manovel, están siendo investigados por el Juzgado número 2 de Murcia».
Sobre ellos recaen posibles delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio como consecuencia de la construcción de una tubería «que nunca se utilizó -añade MC- y que supuso una inversión regional cercana a los dos millones de euros y fueron ejecutados, supuestamente, sin los informes necesarios, a pesar de afectar al espacio protegido de la Marina del Carmolí, incluido en la Red Natura 2000».
«Fueron aprobados en tiempo récord en el verano de 2016 y tendrían como objetivo la derivación de los caudales de la rambla del Albujón hasta la red de la Comunidad Regantes Arco Sur. Desde allí serían vertidos al Mediterráneo por el emisario de Cabo de Palos, después de ser tratados en una desalobradora».
Ante estos hechos, el antiguo alcalde de Cartagena, José López, ha expresado que la investigación judicial sobre la “improvisada tubería viene a confirmar nuestras sospechas”.
“Nos criticaron cuando envié a la Policía Local a levantar acta y ahora resulta que teníamos razón -ha señalado- afirmando que ya van “tres años de engaños a agricultores y décadas de desprecio al Medio Ambiente. Así se define la política del PP sobre el Mar Menor”.
En relación a actuaciones futuras, el secretario general de la formación cartagenerista ha solicitado las disculpas de los responsables, y “devolver los dos millones de euros que regalaron a una empresa para nada”.
Depurar responsabilidades
MC Cartagena espera, además, la depuración de responsabilidades «también en su ámbito político en la figura de la que en 2016 era responsable regional de Medio Ambiente, Adela Martínez Cachá».
«Debería responder -continúa MC- de una actuación que ha causado un triple perjuicio: a los bolsillos de los contribuyentes; al medio ambiente, y un engaño a la sociedad, de manera más concreta, al sector agrario».
