El Mar Menor fue objeto de debate en el Pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de San Javier donde se aprobó una enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular a una moción de Ciudadanos y donde se pedía a todos los grupos políticos con representación en la Asamblea Regional «a que elaboren la Ley Integral del Mar Menor pidiendo al Gobierno de la Comunidad Autónoma que siga aplicando las medidas de protección del Mar Menor».
La enmienda a esta moción fue aprobada con los votos favorables del grupo conservador, que gobierna la Corporación sanjavierina, y del concejal no adscrito donde se defiende que la Ley integral se elabore «en el seno de la Ponencia creada en la Comisión Especial del Mar Menor» ya que, al igual que el Gobierno de López Miras, se considera que la tramitación de una proposición de Ley es “mucho más rápida y ágil, lo que permitiría tener el trabajo concluido en unos meses”.
La moción inicial retocada de Ciudadanos reclamaba al Gobierno de la Región el desarrollo de esa Ley Integral del Mar Menor y manifestaba, asimismo, el apoyo del Pleno a todas las medidas de regeneración del Mar Menor puestas en marcha, incluida la Ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental del Mar Menor «así como la ejecución y cumplimiento de las medidas incluidas en la citada ley».
Esta iniciativa plenaria coincide con una parecida presentada para su aprobación en Pleno en el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, también gobernado por el PP, a favor de la postura mantenida por el gabinete de López Miras la semana antes de la comparecencia de los alcaldes ribereños en la Comisión Especial del Mar Menor.
Balance de cuentas 2017
Por otra parte, el Ayuntamiento de San Javier ofreció ayer en Pleno los datos de las cuentas de 2017 donde aparece un superávit de 2,6 millones de euros «el 6,42 por ciento del total de ingresos no financieros, de los que 1,4 millones de euros se podrá destinar a inversiones», según informó el concejal de Hacienda, Carlos Albaladejo, durante la toma de conocimiento por el Pleno de la liquidación del Presupuesto del pasado año.
Albaladejo informó, además, que el cierre del ejercicio de 2017 «certifica el cumplimiento de la regla de gasto, con un margen de 900.000 euros, así como el principio de sostenibilidad financiera con un plazo medio de pago a proveedores de 19 días, cuando el máximo establecido es de 30».
Siempre según los datos aportados en Pleno por el Gobierno conservador de José Miguel Luengo «la deuda a largo plazo, que se redujo en 1,5 millones de 2016 a 2017, se situó en 13,7 millones, un 33,53 por ciento alejada del 75 por ciento que establece la ley».
El edil de Hacienda informó por último que el remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2017 fue de 15,5 millones de euros, y que los datos de morosidad «cumplen con la legalidad situándose en 54 días sin llegar al máximo legal establecido en 60 días».
