Anticorrupción pide cárcel para el ex-alcalde de San Javier, José Hernández, por «corrupción urbanística»

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Imagen de archivo del Ayuntamiento de San Javier / DLM

La Fiscalía Anticorrupción de Murcia ha pedido un año y medio de prisión, y cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exalcalde de San Javier José Hernández por un delito continuado de prevaricación que habría cometido con la concesión de licencias de obras presuntamente ilegales en un polígono de La Manga del Mar Menor, según informa la Cadena SER.

Hernández va a ser juzgado a partir de este lunes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, junto al arquitecto municipal Miguel Botella y el asesor jurídico del consistorio Francisco Javier Gracia, para los que se piden las mismas penas de prisión e inhabilitación.

Con ellos se sentará en el banquillo un cuarto acusado, el arquitecto técnico Ángel García, para quien el fiscal solicita un año y cuatro meses de prisión, y cuatro años y seis meses de inhabilitación especial.

En el caso del arquitecto municipal, la fiscalía solicita, además, una segunda condena, de dos años y seis meses de cárcel, y multa de 90.000 euros y dos años y seis meses de inhabilitación por un delito de falsedad continuada.

A la hora de concretar las solicitudes de pena, el representante del ministerio fiscal pide que se les aplique la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, ya que los hechos por los que van a ser juzgados comenzaron a cometerse en el verano de 2001.

Según la acusación estatal, las actuaciones presuntamente delictivas consistieron en la concesión de licencias en un polígono de La Manga del Mar Menor que carecía de cobertura legal por basarse en una normativa urbanística que no había sido publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Siempre según el fiscal, los acusados realizaron, presuntamente, distintas actuaciones que suponían la concesión de mayor edificabilidad de la permitida e incluso la posibilidad de utilizar espacios que pertenecían al dominio público.

Las conclusiones provisionales añaden que tanto la delimitación de la unidad de actuación discontinua como la posterior licencia de edificación fueron después declaradas nulas por la jurisdicción contencioso-administrativa.

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