El portavoz del grupo parlamentario socialista, Joaquín López Pagán, y la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, denunciaron ayer en rueda de prensa que el Gobierno regional está utilizando las instituciones “de manera irresponsable para bloquear que el Ayuntamiento tenga las normas urbanísticas transitorias del Plan General de Ordenación Urbana del municipio”.
López Pagán subrayó que “el Partido Popular y su comparsa Ciudadanos están cometiendo un atropello al Estado de derecho y no están defendiendo los intereses generales de la Región, forzando incluso que instituciones tan respetables como el Consejo Jurídico de la Región, al que el propio Gobierno regional pidió informe sobre esta situación, sin que a fecha de hoy haya habido contestación, aunque todo apunta a que este órgano ratificará a los letrados de la Asamblea Regional”.
El portavoz socialista denunció que el Gobierno regional “está utilizando la triquiñuela de la Ley de aceleración empresarial para seguir negando el desarrollo de Cartagena y para que la consejera Noelia Arroyo haga campaña electoral”.
Por todo esto el grupo socialista ha anunciado que ha registrado una moción en la que exige al Gobierno regional «que de manera inmediata» se aprueben las normas urbanísticas transitorias para Cartagena.
El PSOE, según López Pagán, va a pedir el voto nominal de las diputadas y diputados de la Asamblea «para que cada uno asuma la responsabilidad de votar un texto legal que está contraviniendo la ley».
«Trece residenciales paralizados»
Por su parte, la alcaldesa, Ana Belén Castejón, reprochó al Gobierno regional haber faltado a su palabra con Cartagena. “Nos han tenido entretenidos y ahora vienen con otra ocurrencia, la de incluir en la Ley de aceleración las normas transitorias de Cartagena. No voy a permitir como alcaldesa que se confunda a la ciudadanía y a los empresarios”.
Castejón aseguró que actualmente hay bloqueados numerosos proyectos industriales en el Valle de Escombreras y trece residenciales paralizados, a la espera de que las normas transitorias sean refrendadas por el Consejo de Gobierno.
«Además -ha añadido- la ausencia de las normas está provocando una fuga de inversiones ante la falta de seguridad jurídica».
Las normas transitorias tienen un carácter temporal mientras se elabora el nuevo Plan General de Ordenación Urbana por parte del Ayuntamiento de Cartagena. Actualmente, la ciudad no cuenta con la normativa de carácter municipal necesaria para la planificación urbanística, por razón de los gobiernos del PP, encabezados por Pilar Barreiro, lo que está suponiendo un gravísimo perjuicio para los intereses económicos y sociales de la segunda ciudad más poblada de la Región.
“Le pedimos al Gobierno regional que no siga sembrando incertidumbre en el ámbito urbanístico en Cartagena, porque a día de hoy la Ley de aceleración no cuenta con el visto bueno de los informes jurídicos de la Cámara y no podemos seguir esperando por más tiempo sin poder atender las demandas de la ciudadanía y el empresariado”.
