El 9 de abril de 2016 el entonces consejero de Fomento e Infraestructuras, Francisco Bernabé, anunció la firma del contrato con una mercantil para que llevara a cabo el proyecto de «creación de zonas de acceso diario para embarcaciones en el Mar Menor» cuya redacción suponía un coste aproximado de 28.000 euros dedicando gran parte de la nota de prensa posterior emitida por la Comunidad Autónoma a justificar «la complejidad del estudio».
Bernabé aclaró que esta iniciativa se enmarcaba en la famosa ITI del Mar Menor y que, por lo tanto, estaría cofinanciada por la UE con un coste total de 335.000 euros lo que suponía, inicialmente, un coste de más de 83.000 euros por cada uno de los cuatro puntos que finalmente se han adjudicado.
Dos años más tarde, el 7 de febrero de 2018, volvemos a tener noticias de esta iniciativa cuando el consejero de Presidencia, Pedro Rivera, y el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, anunciaron la inminente construcción de los puntos de acceso enmarcado dentro del llamado Plan de Ordenación de Usos del Mar Menor y cuya cantidad prevista se había reducido ya a 208.000 euros. Es decir, 52.000 euros por punto, 30.000 euros menos por cada uno de ellos de lo anunciado hacía dos años.
En ese momento Rivera aclaró que ya las obras tenían los informes pertinentes de Costas, que formaba parte de las «medidas de conservación y preservación del Mar Menor» y que su construcción «contribuye a organizar los usos de la laguna haciendo compatibles los usos recreativos o turísticos con los valores ambientales al fomentar la navegación responsable”.
El consejero calculaba que unas 2.500 embarcaciones se iban a beneficiar de esta inversión de la Unión Europea y anunció los puntos: serían cuatro y estarían ubicados en El Atalayón, Los Urrutias, Islas Menores y Playa Honda.
El 28 de febrero de este mismo año el despliegue mediático se desplazó a orillas marmenorenses del municipio de Cartagena para presentar la inversión anunciando que, en Cartagena, se iba a crear tres con un coste de 161.000 euros lo que mantenía su coste individual en poco más de cincuenta mil euros.
El 4 de marzo la Consejería de Presidencia y Fomento sacó la licitación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), de las obras para la construcción de los cuatro puntos de acceso recordando Rivera ese día que el presupuesto global era cercano a los 208.000 euros y trató de justificar su coste por los materiales.
«Las rampas -añadía la Comunidad Autónoma- estarán compuestas por dos tramos de diferente material, serán desmontables, estarán unidas entre sí por argollas-grietes de acero inoxidable y llegarán a las zonas donde exista arena no cohesionada y que pueda dificultar la entrada de los vehículos».
Finalmente, el 9 de julio, Fomento informaba que las obras ya se habían adjudicado a una mercantil y publicado en el BORM por un coste de 124.000 euros lo que situaba el coste de cada una de ellas ahora en 31.000 euros, muy alejados de esos 83.000 euros iniciales de 2016 cuando aún el proyecto no era más que eso, un proyecto.
El pasado día 17 de noviembre los vecinos de Playa Honda pudieron ver, por fin, la obra finalizada de uno de los puntos de acceso previstos comprobando el enorme coste que ha supuesto, tanto para la UE como para la Comunidad Autónoma, la colocación de estas simples rampas de madera consideradas «objetivo prioritario» para el Gobierno regional.
Pasaros a ver la que están construyendo en el Paseo del Atalayon. No hay acceso para los vehículos, tendrán que saltar muros
Genialllll¡.
Solo cabe decir esa palabra.
Todo añadido desvaloraria la grandeza de la medida para la salvacion del mar menor.
Gracias a la Guardia Civil por investigar esta trama. En unos años veremos en la tele políticos investigados. Murcianos…os están engañando y no decís nada. ¿Operación rampa?