La Comunidad Autónoma incumple la Directiva de Aves europeas al permitir aún la caza de la tórtola común

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La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) se ha dirigido a la Directora General del Medio Natural solicitando «la inmediata suspensión de la caza de la tórtola común en la Región de Murcia tras el varapalo de la Comisión Europea a España a través de una Carta de emplazamiento (Infracción n° 2019/2143) dirigida al Ministro de Exteriores».

Según la asociación ecologista la Comisión Europea estima que España no cumple adecuadamente con el artículo 3, apartados 1 y 2, el artículo 4, apartados 2 y 3, y el artículo 7, apartados 1 y 4, de la Directiva 2009/147/CE, conocida coloquialmente como Directiva Aves.

La carta indica que esta especie se caza en diez países de la UE (Austria, Bulgaria, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal, Rumanía y España) estimándose unas capturas de 2.000.000 de ejemplares anuales sobre una población reproductora de entre 2,4 -4 millones de aves. España albergaría casi la mitad de esta población reproductora, siendo además ruta migratoria de buena parte de la población europea (ruta occidental).

La especie se considera amenazada siguiendo diversos criterios científicos y en España se estima un descenso para el periodo de 1996-2016, del 40 %, y por esta razón se han puesto en marcha diferentes iniciativas para asegurar su conservación.

La Comisión Europea ha recordado que España apenas ha desarrollado el Plan de Gestión de la especie, grado de cumplimiento de 1,6 sobre 4, y recuerda que financió un Plan de Acción Internacional (2018-2028) que fue aprobado por España. El citado Plan de Acción incluía como medida “una moratoria temporal de la caza”; sin embargo, sólo algunas Comunidades Autónomas como la Comunidad Valenciana habían suspendido la caza para este año. La carta señala que la Región de Murcia tiene previsto permitir la caza de esta especie los días 25 de agosto, 1,8 y 15 de septiembre y que las temporadas de caza se solapan con la reproducción, tal y como ha denunciado ANSE.

La Asociación recuerda que se ha venido oponiendo a la caza de la tórtola común (y otras especies en declive) en el seno del Consejo Asesor de Caza y Pesca, que se ha convertido en un órgano consultivo incapaz de proponer acciones de conservación y mejora de los recursos cinegéticos al estar básicamente dominado por el sector cinegético y piscícola y concretamente por las Federaciones, que han mantenido una actitud irresponsable en este asunto. A pesar de los contundentes datos que se han venido aportando sobre la situación de la especie (que ahora han sido confirmados por la Comisión Europea), la Dirección General del Medio Natural se ha limitado a reducir el número de días de caza, si bien está demostrado científicamente que tales medidas no reducen la presión sobre la tórtola.

En este sentido, ANSE presentó un Recurso Contencioso-Administrativo contra las órdenes de Vedas de Caza y Pesca fluvial en el año 2011 y solicitó la paralización cautelar de la media veda. Desgraciadamente y a pesar de las pruebas aportadas al mismo (ahora confirmadas por la carta de emplazamiento de la Comisión Europea), el recurso fue desestima por el TSJ.

Por todo lo anterior la Asociación celebra la iniciativa de la Comisión Europea, que viene a dar la razón a los planteamientos defendidos ante el Consejo Asesor de Caza y Pesca, y lamenta que la Administración no haya actuado con la diligencia esperada para conservar las especies silvestres. Igualmente, ANSE no duda en calificar de irresponsable la postura de la Federación de Caza, que se ha venido oponiendo a la moratoria y que ha puesto en tela de juicio los argumentos aportados al Consejo, que ahora han sido confirmados por la Comisión Europea en su carta de emplazamiento. ANSE insiste, como se indica en dicha carta, en que tras el cese de la caza deben tomarse medidas también en las zonas agrícolas que garanticen la conservación de esta especie antaño abundante en los campos del sur de Europa.

Como ya ocurriera con la caza de fringilidos, actividad ilegal denunciada por ANSE de manera reiterada ante la Comunidad Autónoma, vuelve a ser la Unión Europea el organismo que obliga a la administración española a cumplir con las normativas internacionales y velar por la conservación de muchas poblaciones de especies silvestres amenazadas por una actividad de caza y captura desproporcionadas.

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