Pacto por el Mar Menor considera de una «gran ingenuidad» las declaraciones de la Comisión Europea sobre el Mar Menor donde ha afirmado que ha habido «una mejora sustancial de la situación» atribuyendo esta optimista situación a las medidas legislativas y administrativas adoptadas.
Este órgano, distinto al Parlamento Europeo y no elegido por los ciudadanos sino por los gobiernos, es el encargado de la vigilancia de la legislación de la Unión Europea, pero ha decepcionado a los denunciantes «por su tolerancia y complacencia con la ineficiente actividad de las autoridades regionales en relación con la situación del Mar Menor».
Según el abogado ambientalista e integrante del grupo de coordinación de la plataforma ciudadana, Eduardo Salazar Ortuño, Pacto por el Mar Menor tiene intención de contestar al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo «desmintiendo las afirmaciones de que la situación ambiental ha mejorado y de que las medidas legislativas y administrativas adoptadas han sido suficientes» e insistirá en la apertura de un procedimiento de infracción específico para el Mar Menor por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
Tras la admisión a trámite de la denuncia en 2016, por la emergencia social y medioambiental del Mar Menor e incumplimientos del Derecho de la Unión Europea, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo pide asistencia a la Comisión Europea, y ésta, tras sus contactos con el Gobierno regional, en informes de 2017, 2018 y 2019 «minimiza la situación de riesgo -afirma Pacto- reconoce los incumplimientos de algunas Directivas pero no abre un procedimiento de infracción específico y da por suficientes las medidas adoptadas por las autoridades murcianas, entre ellas, la creación de una web con información, la creación de un Comité de Asesoramiento Científico y otro de Participación Social y la adopción de legislación específica en relación al Mar Menor».
«Es de destacar que la Comisión Europea afirma haber establecido un diálogo con las autoridades regionales y las partes interesadas a nivel local, desconociendo los denunciantes el contenido de tales comunicaciones y qué partes interesadas a nivel local han sido contactadas».
En relación al incumplimiento de las normas referidas a la Red Natura 2000 (la red de espacios naturales protegidos por el derecho europeo), la Comisión Europea reconoce la ausencia de una planificación para la gestión de tales espacios en el Mar Menor y las autoridades regionales afirman estar en la fase final de aprobación recordando la Asociación «que hace un año se sometió de nuevo a información pública el Plan Integral de Gestión del Mar Menor. Pese a lo anterior, a día de hoy el Mar Menor carece de protección efectiva, la Comisión aduce que existe un procedimiento de infracción por esta cuestión frente a todo el Estado español (¡iniciado en 2015!) y por ello se niega a abrir un expediente específico».
«En relación con las normas europeas que protegen las aguas y de la contaminación por nitratos, tras algunas excusas que pedían más tiempo para elaborar informes acerca de la legislación española, la Comisión Europea reconoce el incumplimiento con respecto a la Directiva de nitratos y el inicio de un procedimiento de infracción a toda España (incluida la Región de Murcia) en noviembre de 2018».
En relación con la legislación de aguas, la Comisión Europea asume que el objetivo de calidad de las aguas del Mar Menor ha sido excepcionado y prorrogado por la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con los requisitos de la Directiva y el buen estado ecológico y químico no llegará hasta el período 2022-2027.
Pacto opina que para ser una situación de emergencia, tal y como se expuso en el Parlamento Europeo, «los plazos son muy laxos de cara a dejar a los Estados o regiones con sus incumplimientos en relación con los objetivos de la legislación europea».
La Comisión Europea confía en la ejecución de la financiación europea (fondos ITI y FEDER) para solucionar los problemas del Mar Menor y afirma que, en relación a los FEDER, se han invertido 30 millones de euros en la mejora ambiental del Mar Menor. Incluso exige para los fondos de la ITI la elaboración y adopción de una estrategia global de desarrollo territorial integrado con objetivos claros, con la participación de las distintas administraciones y partes interesadas en el proceso.
Si embargo, Pacto por el Mar Menor opina que esa financiación europea «no ha servido para la mejora ambiental del Mar Menor ya que se ha invertido en infraestructuras (tanques de tormentas, rampas de acceso a embarcaciones, etc.) que nada tienen que ver con la solución ambiental de un sistema ecológico dañado ni con soluciones en el origen del problema».
La Comisión Europea supone que la creación de una página web de información ambiental, la creación de un Comité de Asesoramiento Científico y la creación de una Dirección General con el apellido del “Mar Menor”, son medidas jurídicas y administrativas para abordar los problemas del Mar Menor. Sin embargo, la plataforma ciudadana sostiene que son medidas poco efectivas: «una web que ofrece información incompleta a la ciudadanía y un Comité Científico que lleva sin reunirse un año, con una gran parte de sus miembros en desacuerdo con su gestión».
La Comisión Europea también cree “ingenuamente” que la creación de un Comité de Participación Social supondría una mejora de la participación en la toma de decisiones, pero en realidad, tal como ha denunciado la plataforma, ni funciona ni asesora decisión alguna.
Pacto por el Mar Menor, además de estar extrañado por la excesiva duración del procedimiento de peticiones al Parlamento Europeo, «se sorprende del tiempo que se deja a las autoridades regionales para reaccionar ante un problema urgente, agravado por los efectos del cambio climático, con medidas administrativas que no suponen una ejecución de la legislación vigente».
«Resulta además curioso que la Comisión Europea no controle la ejecución de medidas efectivas para atajar el incumplimiento del Derecho medioambiental de la Unión Europea, ya que se conforma con medidas legislativas y administrativas que mínimamente redundan en un cumplimiento de la legislación existente, si no lo agravan, añadiendo más normas que no se obedecen».
En cuanto a negarse a la iniciación de procedimientos específicos de infracción porque haya procedimientos generales contra todo un Estado «nos parece una medida que supone un ahorro de medios técnicos y humanos para la Comisión Europea, pero no garantiza el derecho de toda persona a que este órgano europeo vigile el cumplimiento de la legislación en un caso concreto».
Finalmente Pacto por el Mar Menor propondrá al resto de los denunciantes aportar argumentos y pruebas al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo «para que no triunfe el discurso complaciente de la Comisión Europea, se tenga conciencia de la delicada situación que aún atraviesa la laguna costera y se conozca el grado de improvisación e ineficacia de las medidas administrativas escasamente adoptadas por las autoridades regionales y locales».
