Los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía sugirieron ayer que el Estado se haga cargo de la Administración regional murciana para lograr que se aplique la Ley y se evite que se pongan en marcha «nuevas tareas de labrado en dirección al Mar Menor» o la roturación de tierras para más regadío «con un gigantesco embalse» sin que nadie intervenga para evitarlo.
“¿Qué más tiene que ocurrir para que alguien haga algo?”, se preguntan desde la Asociación.
«Científicos y ecologistas señalan a la agricultura intensiva como la gran causante, en más de un ochenta por ciento, de lo sucedido en el Mar Menor; la sociedad se moviliza, los propios habitantes de la Región de Murcia salen a las calles y un par de meses después todo sigue igual… o peor», añaden.
De Gobierno y oposición en la Región no se espera nada. “En San Esteban manda la agroindustria. Confiamos en que el nuevo Gobierno de España mantenga el rumbo de los últimos meses y, con mayor estabilidad, se enfrente definitivamente a la poderosa agroindustria y al Gobierno de la Región de Murcia por extensión”.
«El presidente López Miras culpa a la sociedad del colapso, el Gobierno de la Región plantea una ley de medidas insultante que indigna a la comunidad científica, perpetrada por técnicos afines sin tener en cuenta, por ejemplo, el criterio del Colegio de Biólogos de la Región; mientras, se roturan nuevas hectáreas de regadío y nadie lo para, aun cuando se puede seguir casi en directo por Twitter, gracias a la periodista Rosa Roda, la excavación del gigantesco nuevo embalse para riego», afirman.
Otros vídeos muestran riego por aspersión de inmensas plantaciones de maíz en el campo de Cartagena «y no pasa absolutamente nada».
«Para más inri, el SCRATS, apoyado por VOX y el Partido Popular murciano y nacional, amenaza al Gobierno de España con movilizaciones por no trasvasar agua para riego. Olvidan el pequeño detalle, que recoge la Plataforma en Defensa de las Fuentes a partir de datos de la propia CHS, de que tienen almacenados 141 Hm3 de agua de anteriores Trasvases, es decir, casi doce meses trasvasando lo máximo que se permitiría en nivel 3».
«Hartos de tanta desvergüenza, mentiras y humillaciones, desde la Asociación de Municipios Ribereños le piden al nuevo Gobierno de España que en este 2020 haga lo que tenga que hacer para garantizar la defensa de nuestro patrimonio hídrico, como obliga la Directiva Marco del Agua; aunque ello suponga enfrentarse a un sindicato “más propio de una película de Scorsese que de una democracia sana como la nuestra”.
La Región quiere proteger el trasvase
Por su parte, la Región de Murcia anunciaba ayer que tenía intención de liderar «un frente común en España y en Europa para proteger el trasvase Tajo-Segura» ante una situación que el Gobierno autonómico considera tremendamente preocupante por la composición del nuevo Ejecutivo central, según explicó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, tras la reunión que mantuvo con Fernando López Miras, con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, y miembros de su junta directiva.
“Se inicia una nueva etapa política en nuestro país, una nueva legislatura marcada por la incertidumbre en materia de agua y el nulo interés que este problema tiene para el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez”, remarcó el consejero, quien explicó que “tenemos dos precedentes en los meses de noviembre y diciembre con sendos trasvases cero para regadío”.
Así, subrayó que “las comunidades autónomas del Levante español tenemos que estar más unidas que nunca ante aquellos que quieren cerrar el grifo de la riqueza y la prosperidad”.
En este sentido, Luengo recordó que la Región de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana han recurrido a la vía judicial para revertir la decisión del Ministerio para la Transición de Ecológica de no trasvasar agua en el mes de diciembre “a pesar de haber reservas suficientes en cabecera y en contra del criterio de los técnicos”.
Asimismo, destacó que “hemos pedido una reunión a los comisarios de Agricultura y de Medio Ambiente de la Unión Europea para trasladarles la situación de especial vulnerabilidad de nuestro territorio ante el cambio climático, y la situación de nuestra agricultura ante el avance de la desertificación”.
