El que la hace, ¿la paga?

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El sábado por la noche, unos navegantes algo irresponsables, fueron los causantes de un gran revuelo. Resulta que, pese al aviso de temporal y el evidente mal tiempo, decidieron echarse a la mar en un «470», sin radio VHF, sin luces, sin tan siquiera un móvil. Y cuando, al no saber de ellos, su familia se preocupó, se lió la de San Quintín: Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, una lancha de salvamento tripulada por la Cruz Roja, incluso un helicóptero de Salvamento Marítimo se lanzaron a buscarlos por todo el Mar Menor. Afortunadamente, todo acabó bien, ya que llegaron sanos y salvos hasta la orilla en Los Narejos, sobre las 2:00 de la madrugada.

El perjuicio económico que han causado estos señores —efectivos de todos los organismos mencionados, combustible de lanchas y helicópteros, etc— en unas arcas públicas no precisamente boyantes es notable. Miles de euros han sido gastados en un operativo de búsqueda que hubiera sido perfectamente evitable con un teléfono móvil, una radio, o un simple vistazo al parte meteorológico —quiero pensar que salieron por ignorancia, y no a sabiendas del temporal que se les echaba encima.

Pero lo peor no es eso. Las condiciones meteorológicas que había esa noche eran particularmente adversas. El mar estaba en muy malas condiciones para navegar. Y para volar en helicóptero, menos aún: viento, lluvia, tormenta, visibilidad casi nula, etc. Todas las personas que participaron en el operativo en medios aéreos y marinos pusieron su vida, en cierta medida, en peligro y todo por razones perfectamente evitables. Nótese la inmensa profesionalidad y pericia de estos auténticos héroes, que de forma anónima velan por nuestra seguridad todos los días.

Lo que más increíble resulta es que después de la que han liado, estos señores se van a ir a sus casas como si nada hubiera pasado. De que paguen los costes del operativo, ni hablamos. De todos es sabido que ni Protección Civil ni Bomberos cobra por sus intervenciones. Salvamento Marítimo tampoco, siempre que la intervención sea para salvar la vida de las personas —en contraposición al rescate o remolque de embarcaciones. Pero es que ni el Estado, ni las Comunidades Autónomas y menos aún los ayuntamientos tienen potestad para imponer sanción alguna. Quizás si la tuvieran, irresponsables como estos se lo pensarían dos veces antes de salir a la mar cuando no deben.