La conocida Ley de Aceleración, diseñada por el Gobierno regional y la Confederación Regional de Organizaciones Empresariles (CROEM), y que pretendía agilizar los trámites medioambientales a las empresas «para generar quince mil puestos de trabajo en dos años» acabará en el Tribunal Supremo si supera el debate a la totalidad a la que tendrá que enfrentarse en la Asamblea Regional.
Esta advertencia la ha realizado el portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, al considerar que esta Ley «es un atropello y los propios servicios jurídicos de la Cámara así lo atestiguan. La ley va contra la Constitución. Partido Popular y Ciudadanos se han valido de todas sus artimañas para diseñar un instrumento que les da carta blanca para legalizar empresas que llevan veinte años saltándose las reglas y habilita que las mismas puedan evitar los controles medioambientales y urbanísticos vigentes”.
Urralburu la ha calificado de “precipitada” puesto que aparte de ser inconstitucional “invade competencias de los ayuntamientos y se excede en todo lo que concierne a la gestión que puede realizar la Comunidad Autónoma».
«Así -añade el portavoz de la formación morada- los amiguetes de ambos partidos podrán verse beneficiados sin tener que rendir cuentas ni cumplir trámites que garantizan la supervivencia de nuestro patrimonio natural, algo que sí que llevan años haciendo otros muchos empresarios”.
Está claro, ha dicho Urralburu, que el PP y Ciudadanos “han creado una herramienta a su medida. Con ella, pretenden dar vía libre y legitimar a todas aquellas empresas que llevan años saltándose la ley y que ponen en peligro nuestro medio ambiente, ya de por sí precario por la gestión del PP durante dos décadas”.
PSOE: Una ley hecha por los empresarios
El otro grupo parlamentario que se opone firmemente a la Ley de Aceleración, el grupo socialista, ha mostrado su indignación porque la Asamblea Regional «tenga que revisar y cuestionar una ley que no hacen los grupos parlamentarios, sino una organización empresarial que vela por intereses económicos privados -legítimos y respetables- pero que nada tienen que ver con el interés general de la ciudadanía”
El portavoz del grupo socialista, Joaquín López Pagán, criticó lo que ha tachado de «chapuza» al ser una ley que «atenta contra principios básicos constitucionales y medioambientales, tal y como recoge el informe de la Asamblea Regional»
“Cuando un presidente como López Miras no sabe lo que hace ni lo que dice y cuando se pone en manos de terceros para hacer leyes ocurren situaciones como lo sucedido con la Ley de aceleración empresarial. Por eso, exigimos a sus artífices que retiren inmediatamente ese texto de la Asamblea, para buscar otras soluciones dentro del marco legal ”.
El portavoz socialista, que anunció que el Grupo Parlamentario Socialista presentará una enmienda a la totalidad, califica de “vergüenza que el PP y la comparsa de Ciudadanos hagan el ridículo haciendo suyos intereses económicos que no contribuyen al bienestar general y desprecian el medio ambiente. Estas son las consecuencias de tener un presidente por accidente y un gobierno paralizado e incompetente”, concluyó.
