La fuerte presión social y la presencia de numerosos estudios que demuestran los altos índices de contaminación presentes en la Sierra Minera, con riesgo tanto para los vecinos como para el medio ambiente, ha obligado al ejecutivo de López Miras a poner en marcha el llamado Plan de Recuperación Ambiental de los Suelos Afectados por la Minería (Prasam).
El Plan establece un inversión público-privada de 84,8 millones de euros y cuenta con treinta actuaciones concretas que se desarrollan en ámbitos como la protección del medio ambiente y de la salud de los habitantes de estas zonas o la puesta en valor del patrimonio arquitectónico, paisajístico y cultural con fines educativos, culturales y como atractivo turístico.
Según la propia Comunidad el Prasam, elaborado a lo largo del último año por los distintos departamentos del Gobierno regional con competencias en este ámbito, «afronta esta recuperación desde un punto de vista medioambiental, de salud pública, de la seguridad minera, de ordenación del territorio, de la protección de los bienes culturales y marca un horizonte temporal de diez años para su desarrollo».
El documento cuenta con acciones transversales que tienen el objetivo fundamental de neutralizar, ordenar y ejecutar la recuperación de los 29 depósitos que han sido incluidos por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en el inventario sobre gestión de residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
El consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán, explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que “con esta hoja de ruta queremos que aquella riqueza mineral que explotaron nuestros antepasados, se convierta en patrimonio natural, cultural y arquitectónico. Convertir aquello que ahora es un problema, en una oportunidad desde el punto de vista socioeconómico, ambiental, cultural y paisajístico”.
En concreto, el Prasam señala cuatro objetivos específicos en los que se integran las 30 actuaciones concretas, como son el impulso al conocimiento y la mejora en la gestión de las zonas mineras, que incluye 14 actuaciones; la difusión de información y la promoción de la sensibilización y concienciación de los ciudadanos y de la sociedad sobre la situación de estos emplazamientos, dentro del que figuran seis acciones concretas; impulsar la recuperación ambiental de estas áreas, objetivo en el que enmarcan otras ocho acciones para las que se destinan casi 82 millones; y la prevención, un fin para el que se han diseñado otras dos actuaciones específicas.
Minería de El Llano
Celdrán afirmó que ya se han iniciado los trámites para elaborar un estudio «que permita determinar la concentración natural de metales pesados en estas zonas y aquella generada por la actividad humana, además de un inventario de suelos contaminados o un estudio para medir la posible presencia de metales en el aire en el entorno del Llano del Beal».
Además, ha informado que ya está en marcha un estudio epidemiológico «para evaluar la exposición de la población en zonas afectadas por la minería en los municipios de Cartagena, La Unión y Fuente Álamo (El Llano del Beal, Portmán, El Estrecho, La Aljorra, El Albujón, Pozo Estrecho y La Palma)», y de manera inminente se iniciará la elaboración de un mapa de riesgo sobre enfermedades que puedan estar relacionadas con la actividad minera.
En el marco de este plan, se han puesto en marcha también los trámites para realizar actuaciones de reforestación en la Sierra Minera, una iniciativa a la que se destinará más de un millón de euros y que tiene un valor tanto paisajístico y medioambiental como de prevención, ya que los árboles contribuyen a estabilizar el terreno y neutralizar los metales pesados.
Un decreto-ley de medidas urgentes
Otra de las medidas clave dentro de esta estrategia, al igual que ocurriera en el caso del Mar Menor, es la tramitación de un decreto-ley de medidas urgentes en espacios afectados por la minería y suelos contaminados cuyo primer borrador se está redactando ya.
Este decreto permitirá priorizar aquellas actuaciones que contribuyan a minimizar los posibles riesgos y ejecutarlas de manera inmediata, además de incluir un desarrollo normativo que simplifique el camino para solicitar responsabilidades a los propietarios de los terrenos afectados.
En este sentido, otra de las medidas puestas ya en marcha y que sigue el principio de que ‘quien contamina, paga’ es la búsqueda de fórmulas y acuerdos voluntarios con los titulares de estos emplazamientos para elaborar los planes de trabajo que permitan la recuperación y rehabilitación de estas zonas.
Además de estas actuaciones que ya se están desarrollando, hay otras medidas que se pondrán en marcha de manera inminente. Entre estas destacan a su vez la puesta en funcionamiento, al estilo de los Comités de Asesoramiento Científico y de Participación Social del Mar Menor, de un grupo de expertos encargado del seguimiento y actualización del inventario de emplazamientos afectados y priorización de actuaciones, así como de un grupo de participación social en el que estén representados los agentes sociales y ayuntamientos interesados en contribuir a la recuperación de estas zonas.
