Cartagena acoge el I Congreso nacional sobre Responsabilidad Penal en el Sector Agroalimentario

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Cartel anunciador del Congreso / DLM

No deja de ser significativo que Cartagena acoja el I Congreso sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas del Sector Agroalimentario en un momento donde numerosas empresas que tienen sus explotaciones alrededor del Mar Menor se van a enfrentar a juicios sobre su grado de implicación en la contaminación de la laguna salada.

El Congreso, que se inicia hoy y que tiene su entrada gratuita hasta completar aforo, está organizado por una consultora especializada y cuenta con la colaboración de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (Coec) y la propia Comunidad Autonoma.

El interés y preocupación que han despertado los juicios por daño medioambiental en el sector hace que también asista al Congreso importantes cargos actuales del Gobierno regional como la consejera de Transparencia, Participación y Portavoz de la Comunidad y candidata a la Alcaldía cartagenera, Noelia Arroyo; el Fiscal Superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera; el delegado de la Agencia Tributaria en la Región, Alfonso del Moral; «junto a destacados miembros de la carrera fiscal, abogados y asesores tributarios especialistas en el cumplimiento normativo», señalan los organizadores.

«Este evento pretende sensibilizar a un sector tan importante como el agroalimentario, así como a sus empresas periféricas en las últimas novedades que en materia de responsabilidad penal pueden afectar a su día a día, así como divulgar las distintas herramientas disponibles para minimizar el riesgo de que estas sociedades y sus administradores incurran en responsabilidad penal».

La Jornada Divulgativa tendrá lugar hoy 17 de octubre en el Salón de Actos del Museo del Teatro Romano de Cartagena, desde las 9 de la mañana hasta las 18:30 de la tarde.

Como señala uno de los encargados de la organización de este I Congreso, Salvador Esteban Rivero, «nuestra legislación nos permite evitar, mediante la implementación de las herramientas adecuadas, que nuestras sociedades incurran en responsabilidad penal siempre y cuando tanto los administradores como la propiedad tengan voluntad de cumplir con las normas vigentes».