El viceportavoz del grupo parlamentario socialista, Alfonso Martínez Baños, ha advertido una vez que el Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado el dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto sobre la Ley de Aceleración que ésta es «una aberración» que va, incluso, contra los propios informes jurídicos que advierten de la posible inconstitucionalidad de su cuerpo normativo.
«El PP y Ciudadanos menosprecian con esta ley la Constitución», ha añadido Martínez Baños, quien les ha reprochado estar haciendo «lo que tanto critican en Cataluña empeorándola con las últimas enmiendas añadidas».
El viceportavoz socialista criticó, asimismo, que la Ley de Aceleración se ha hecho desde los despachos de la Croem y de espaldas a la ciudadanía, de los sindicatos, y lo más importante, de los ayuntamientos, que son los que tienen que aplicarla.
“Estamos pendientes todavía de que PP y Ciudadanos hagan pública la lista de las veinte mil empresas que van a ser las beneficiarias de esta ley, tenemos derecho a saberlo y el Gobierno la obligación de informarlo”.
Alfonso Martínez afirma que existe un tridente organizado desde la patronal, y al que ha arrastrado a PP y Ciudadanos, formado por la Ley de simplificación administrativa, la Ley de Aceleración y la Ley del Arca, “cuyo claro objetivo es instalar en la Región de Murcia un paraíso de libertinaje económico”.
Por último, anunció que la Ley de aceleración será enviada, si se aprueba, al Tribunal Constitucional de inmediato, si antes no lo hace el Gobierno de España.
Podemos: «Una Ley depredadora»
El portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, ha afirmado por su parte que lo más preocupante ahora es el tiempo que va a pasar y las “tropelías” que se van a cometer durante el periodo que puede tardar el Constitucional en echar hacia atrás la ley «una legislación que parece más propia del salvaje Oeste”.
“No tenemos ninguna duda -ha dicho el portavoz parlamentario- “puesto que los propios servicios jurídicos de la Cámara lo han expresado”.
Según Urralburu el gobierno del PP lo que hace es “dedicar a los empresarios esta ley, al más puro estilo de la mafia. Y lo hacen cuando lo que necesitamos es un gobierno decente, al que realmente le preocupe su gente y que reivindique todos los días y de forma creíble que sean esos empresarios los que ofrezcan un contrato y un salario digno, con condiciones lejos de la precariedad y la pobreza, para las personas que viven y trabajan en esta Región”.
Para Urralburu la actitud del gobierno de López Miras es “miserable puesto que están cometiendo una gran injusticia con aquellos empresarios que llevan dos décadas haciendo esfuerzos por cumplir la ley. Estos empresarios son de los que se olvida el PP mientras que hace de sastre para aquellos piratas a los que les regala una amnistía urbanística y medioambiental”.
Asimismo, el PP y Ciudadanos han abierto la puerta para que las actuaciones de las empresas que solicitan informes de impacto puedan proseguir incluso durante la tramitación del expediente, “algo absolutamente contrario al carácter preventivo de los mismos. Nos preguntamos cómo a alguien se le puede pasar por la cabeza que mientras se tramita un expediente se permita a una empresa contaminar el aire, el agua o la tierra”.
Óscar Urralburu ha incidido en que tanto PP como Ciudadanos son partidos “profundamente irresponsables. Espantan a los inversores con la inseguridad jurídica que introduce esta ley. Nadie se va a poder fiar de la Región de Murcia”.
Por último, Urralburu ha calificado el texto como “patente de corso, un modo de legalizar la corrupción y por tanto, de desmantelar el estado de derecho y de romper las barreras que hasta ahora impedían que hubiese más casos como el del Mar Menor, la Sierra Minera o el Hondón”.
Ciudadanos: «No es un atajo»
El diputado regional de Ciudadanos, Miguel López-Morell, fue quien mostró ayer su satisfacción “porque vamos a desatascar una situación que ha sido creada debido a la nefasta gestión a nivel local y autonómico de los sucesivos gobiernos tanto del PP como del PSOE. El objetivo era poner una solución a esta situación, siempre desde la más estricta legalidad por más que PSOE y Podemos digan lo contrario porque la aplicación de esta ley supondrá un impulso, gracias al cual, municipios como Cartagena dejarán de estar anclados en un urbanismo de los años ochenta″.
López-Morell ha aclarado que esta ley no va a ayudar a ninguna empresa a saltarse ningún trámite medio ambiental. “Que los ciudadanos tengan muy claro que no supone un atajo, ni tampoco ninguna amnistía de ningún tipo a ninguna actividad privada en la Región y decir lo contrario es mentir descaradamente”.
El diputado de Ciudadanos ha denunciado las inexplicables contradicciones de PSOE y Podemos que aquí han criticado esta ley y en otras regiones como en la Comunidad Valenciana han propuesto y han sacado adelante leyes similares y que nosotros votamos a favor.
“La incoherencia de PSOE y Podemos implica que actúen de una manera en los lugares en el que son gobierno y tomen decisiones muy distintas en los lugares en los que son oposición. Para advertir las incoherencias del PSOE no hace falta que abandonemos la Región de Murcia; tenemos el ejemplo de lo que está ocurriendo en el municipio de Cartagena, en el que el Gobierno del PSOE pide al Gobierno regional que apruebe unas normas transitorias sin evaluación estratégica y, en cambio, el grupo parlamentario del PSOE realiza una lectura apocalíptica de la ley”.
En este sentido López-Morell ha resaltado su sorpresa “por el circo que han montado PSOE y Podemos. Esta ley pretende resolver un problema en aquellos lugares en los que la justicia ha invalidado los planes de ordenación y el urbanismo se encuentra en una situación de parálisis. La disposición adicional no inventa nada nuevo. Se basa en la actual ley del suelo y en la jurisprudencia reciente que hemos encontrado en los tribunales”.
El diputado de Cs ha incidido en que la normativa sobre usos provisionales va permitir la regularización de actividades económicas, que por una u otra razón no tienen licencia de apertura en la Región, un problema que está afectando a todos los municipios de la Región y a miles de empresas y trabajadores, “un problema al que tenemos que dar una solución ya que la ley permite a los ayuntamientos, siempre a decisión de ellos, la decisión de otorgar un uso provisional para determinadas actividades que se están realizando sin licencia. No es ninguna imposición, simplemente una posibilidad. Habrá que ver como actúan los alcaldes del PSOE”, ha señalado López-Morell.
La ley incorpora medidas para el desarrollo de las infraestructuras turísticas; una normativa para acortar los plazos para el suministro eléctrico en baja, media y alta tensión; una reducción de las trabas burocráticas para las cooperativas; la mejora de aspectos para la protección de consumidores y usuarios; la mejora de incentivos para el personal docente e investigación de las universidades públicas en los contratos programas del futuro o la creación de una carpeta empresarial donde consta toda la información de la empresa que necesita aportar a la Comunidad Autónoma para evitar que se tengan que repetir estas acciones burocráticas.
“Se trata de una ley liberal que, gracias a la aplicación de todas estas medidas, facilitará que las empresas creen empleo y permitirá que la Región siga creciendo” ha finalizado López-Morell.
