El diputado del grupo parlamentario socialista, Antonio Guillamón, ha manifestado que la comparecencia del director general de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Antonio Luengo Zapata, «demuestra una vez más que el Gobierno regional se desentiende de los problemas medioambientales” afirmando que ni tiene «la más mínima intención de afrontar la situación de contaminación por metales pesados que sufre el Mar Menor, ni la repercusión de la contaminación en la salud de las personas que viven en la Sierra Minera».
Solo en la comarca de Cartagena, ha añadido Guillamón, se acumulan problemas de contaminación ambiental muy graves, como ocurre en zonas como Portman, donde ha intervenido el Gobierno de España para asegurar el cumplimiento de plazos y ejecución; lo mismo ocurre en el Mar Menor, El Hondón y los terrenos contaminados donde se emplazaban las empresas Española del Zinc y Peñarroya.
“Los datos conocidos -ha añadido- del estudio médico de contaminación por metales pesados, presentados por el Gobierno regional, han producido una enorme inquietud en la población y han sido cuestionados por varios investigadores. Debería provocar bochorno afirmar que vivir en la Sierra Minera no conlleva un riesgo superior para la salud, como dijo el consejero Manuel Villegas”.
Asimismo, el diputado socialista resaltó la responsabilidad de la empresa de Portman Golf y añadió que debería comprometerse a asumir la parte que le corresponde de las obras de restauración de la zona y cumplir la ley.
Guillamón aseguró que el director general no ha contestado ni ha dado explicaciones al respecto. Por ello, exigió “una intervención inmediata y compromiso del Gobierno regional, dada la grave situación que se produce, para implicar a la empresa Portman Golf a cumplir con su obligación”.
El diputado socialista insistió en el nulo compromiso del PP con los problemas medioambientales, “que se limita a la redacción de un documento bajo presión social, pero no va más allá, no hay intención de cumplirlo”.
Antonio Guillamón ha añadido que a día de hoy, y tal y como otros comparecientes han demostrado, “el conocimiento y la tecnología existen para empezar a actuar de inmediato. La ciudadanía tiene derecho a que se proteja su salud y es la Administración regional la que está obligada a velar porque así sea”.
Por último, exigió una declaración de suelo contaminado en la Sierra Minera, a fin de que el actual Plan para la regeneración ambiental de los suelos afectados por la minería (PRASAM) pueda aplicarse.
