MC pide que el Ayuntamiento de Cartagena se pronuncie a favor de declarar BIC la antigua estación de Correos de Cabo de Palos

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La concejala de MC Cartagena, María Dolores Ruiz, ha solicitado que el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena «se pronuncie a favor de   la declaración como bien inventariado del conjunto de la antigua Estación de Telegrafía Sin Hilos y Radio Costera de Cabo de Palos e inste al Gobierno municipal a que así lo manifieste en el expediente seguido a tal efecto ante la Dirección General de bienes Culturales».

De esta forma MC trata de incluir estas antiguas e históricas instalaciones del poblado dentro del Plan Nacional de Patrimonio Industrial al considerar que estos bienes inmuebles tienen «un valor histórico, arquitectónico y tecnológico testimonio suficiente de una actividad industrial a la que ejemplifican»

MC trata así de evitar que las instalaciones y terrenos de las oficinas de Correos caiga «en manos del sector de la construcción y del urbanismo desaforado» dada su ubicación en un espacio urbano privilegiado que suele ser motivo de interés especulativo.

La moción recuerda que la Asociación Procabo solicitó, en agosto de 2018, la declaración  como bien inventariado de dos pabellones, el aljibe y otros elementos del conjunto de la antigua Estación de Telegrafía Sin Hilos y Radio Costera de Cabo de Palos.

«El día 10 de enero de 2019, la Dirección General de Bienes Culturales comunicó al Ayuntamiento de Cartagena que se había iniciado el procedimiento y el día 11 de julio se abrió el proceso de información pública».

«Indudablemente -añade María Dolores Ruiz- estamos ante un elemento patrimonial digno de protección. Históricamente fue el hundimiento del Sirio el que impulsó por parte del Gobierno de España la instalación de estaciones de telegrafía sin hilos y radios costeras. Las fotografías antiguas atestiguan la presencia de estos elementos que, a pesar de haber sido despojados de su maquinaria, constituyen una muestra coherente de una determinada actividad industrial y conformaban el paisaje cultural junto al faro de Cabo de Palos. El aljibe, que garantizaba la autosuficiencia a la estación, constituye un registro patrimonial ligado al uso histórico del agua en un medio semiárido donde el agua siempre ha constituido un valioso recurso por su escasez».

Las alegaciones de Correos

El temor de MC a que estas instalaciones puedan ser demolidas para futuras construcciones inmobiliarias se basa en las alegaciones que ha presentado el Servicio Estatal de Correos y Telégrafos al expediente.

«Al carecer de maquinaria y haberse desmontado la antena, estos inmuebles carecen de valor patrimonial. Obviando -señala la concejala- que esos elementos aislados, como establece el Plan Estatal de Patrimonio Industrial, tienen valor histórico y son testimonio de una actividad industrial, dirimiéndose en el trámite administrativo su protección como Bien Inventariado y no BIC».

«Declararlos como Bien Inventariado eludiría el cumplimiento de la Sentencia 15 de junio de 2016 del Tribunal Supremo, que anula el Plan General de 2011, dándole al terreno afectado un uso libre dotacional en vez del residencial. El Plan del 87, actualmente en vigor, califica esos 9.401 m2 como suelo urbanizable permitiendo construir en ella hasta tres alturas».

«Que las medidas cautelares impuestas por el expediente de incoación, como Bien inventariado, implican una interferencia injustificada en el mercado (según su propietario actual, el suelo está tasado en 2.569.016,61 euros). Nos encontramos pues ante una situación en la que el pronunciamiento del Ayuntamiento de Cartagena tiene un peso específico claro. Pudiéramos encontrar ante una situación similar, si las medidas cautelares impuestas por la Dirección General de Bienes Culturales de la CARM no fueran efectivas a día de hoy a lo sucedido en Palma de Mallorca con el Edificio Gesa».

«Es el momento -concluye María Dolores Ruiz- de pronunciarnos sobre la política urbanística que, durante los próximos años, determinará el Plan General Urbano de Cartagena y está entre las prioridades del Gobierno. Toca elegir entre urbanismo salvaje o protección de valores histórico-patrimoniales».

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