Presentadas diversas alegaciones para impedir la construcción en El Vivero de La Manga

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La concejal de UP, Pilar Marcos, atendiendo a los medios de comunicación tras la entrega de las alegaciones / UP

Con el fin de evitar más ladrillo en el Mar Menor y buscando frenar la estrategia de unos promotores «que solo pretenden consolidar derechos para obtener mayores indemnizaciones», la coalición Unidas Podemos y diversos colectivos vecinales, ecologistas y de defensa del patrimonio registraron ayer una batería de alegaciones contra la aprobación inicial del Programa de Plan Parcial para El Vivero de La Manga del Mar Menor.

En su escrito aportan consideraciones entre las que destacan el estado del Mar Menor y varias afecciones medioambientales, la no vigencia del Plan, su necesaria adaptación a la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (Loturm), la obligatoriedad de realizar una evaluación ambiental y la moratoria urbanística aprobada en la Asamblea Regional.

Con estas alegaciones piden al Ayuntamiento de Cartagena que «proceda a suspenderlo cautelarmente y paralice el procedimiento iniciado por el Gobierno local, un trámite que paradójicamente se aprobó el 30 de octubre pasado, el mismo día en que decenas de miles de cartageneros se manifestaban clamando por un cambio de modelo y de gestión para salvar al Mar Menor», señala UP.

En el escrito se alega, además, los suelos contaminados provenientes de la minería en los que se pretende edificar, las afecciones a vías pecuarias y a la recuperación del fartet, así como el impacto sobre zonas catalogadas como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y de Protección para las AVES (ZEPA).

En segundo lugar el escrito alega una consideración de índole netamente jurídica, que el Plan Parcial El Vivero no está vigente, ya que debe adaptarse a la Ley 13/2015 de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (Loturm), y que el Programa de Actuación debe someterse a una obligatoria Evaluación Ambiental.

En este sentido, las alegaciones rechazan los fundamentos pretendidamente legales en los que se apoya la aprobación inicial celebrada por la Junta de Gobierno local, y consideran el acto nulo de pleno al estar derogadas las disposiciones legales en las que se basa (artículo 104 de la Ley 04/2009 de Protección Ambiental Integrada).

Por otro lado, desde la coalición y el resto de colectivos que suscriben las alegaciones entienden que suspender el trámite «no supone en modo alguno prevaricar» y que la alcaldesa, Ana Belén Castejón, se contradice al negarse a paralizar el Plan Parcial mientras suspende otros proyectos como Novo Carthago.

Pilar Marcos, portavoz del grupo municipal, ha declarado que «se trata lisa y llanamente de voluntad política, de querer proteger el Mar Menor. La alcaldesa tiene muchas herramientas legales a su alcance para paralizar o modificar el proyecto. Podía modificarlo, no aprobarlo o suspenderlo de motu propio; podía esperarse a que el Gobierno Regional definiera la moratoria urbanística aprobada en la Asamblea, e incluso puede instar a la Comunidad Autónoma a que lo suspenda ya que el Consejo de Gobierno de la Región a propuesta del Consejero competente tiene competencias para ello y razones hay muchas, y de sobra conocidas»

«Sin embargo, -continúa Marcos- hacen todo lo contrario y eligen darle vía a los promotores y grandes terratenientes, que lo único que buscan es consolidar derechos para obtener mayores indemnizaciones en el futuro, porque está claro que construir allí ni siquiera es su objetivo.”

Respecto de lo anterior, la edil ha recordado que, además de presentar las alegaciones al Ayuntamiento, los diversos colectivos y su coalición pedirán al Consejo de Gobierno de la Comunidad que, en base al artículo 145 de la Loturm, suspenda el Plan Parcial, ya que dicho artículo establece que en casos excepcionales, el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo y a propuesta del consejero competente en materia de urbanismo «podrá suspender de manera total o parcial la vigencia de los instrumentos de planeamiento urbanístico para garantizar su adecuación a los instrumentos de ordenación del territorio, para defender otros intereses supramunicipales, o para instar la revisión de su planeamiento”.

Marcos ha finalizado explicando que tanto el Mar Menor como el entorno de la albufera están viviendo una auténtica situación de excepcionalidad, lo que justifica claramente que tanto el Gobierno Local como la Comunidad Autónoma paralicen cuantos planes urbanizadores pretendan reactivarse.

“Es la misma Loturm la que habla de aplicar el principio de precaución, de pensar en las generaciones futuras, de respetar la capacidad de carga de los ecosistemas, de garantizar la gestión eficaz de nuestros recursos naturales, nuestro medio ambiente y nuestro paisaje. En este caso nadie duda de que las leyes, el sentido común y el conjunto de la ciudadanía van en la misma línea: la presión urbanística sobre el Mar Menor es insostenible, y no es posible poner ni un sólo ladrillo más».

Documento completo con las alegaciones al Plan Parcial Vivero

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