La Consejería de Cultura, Turismo y Medio Ambiente presentó ayer martes su presupuesto para 2018 anunciando que quedaba aumentado en un 9,3 por ciento, alcanzando los 111 millones de euros «para dinamizar el desarrollo sostenible y crear empleo impulsando un cambio estructural del turismo en el que los recursos culturales y naturales de la Región sean prioritarios», según afirmó el consejero Javier Celdrán en la Asamblea Regional.
«Las líneas de intervención en turismo se centran -según Celdrán- en realizar un trabajo intenso para aumentar el número y la calidad de la oferta y de habitaciones con nuevos hoteles y establecimientos, así como legalizar mil camas más de oferta particular en 2018».
Según el Gobierno regional estas acciones, así como el desarrollo de medidas para acabar con la estacionalidad turística, «generarán más de 2.000 nuevas altas en la Seguridad Social y hará que este sector pase a suponer el 11,5 por ciento del Producto Interior Bruto de la Región en 2018».
Entre las iniciativas del Plan Estratégico, el consejero ha anunciado nuevos acuerdos con turoperadores internacionales, continuar consolidando la oferta de sol y playa con nuevos atractivos como el desarrollo del Plan Gastronómico y el Plan de Fomento del Turismo Deportivo, entre otras actuaciones.
Celdrán afirmó que también tienen intención de poner en marcha un programa «para atraer inversión hotelera a la Región» denominado «Turinvest Costa Cálida» que facilitará el diseño de paquetes de incentivos y programas de ayuda que permitan acelerar la toma de decisión de invertir en la Región.
Además, el Gobierno regional ha anunciado que va a crear una Oficina de asistencia al inversor turístico «que acompañe y ayude a quienes están interesados en invertir en la Región y se pondrá en marcha un programa para la modernización hotelera que explorará fuentes de financiación a nivel regional y nacional, como es el programa de incentivos regionales turísticos».
Mar Menor y medio ambiente
Javier Celdrán afirmó en la Asamblea Regional, donde se presentaron los presupuestos de su Consejería, que «uno de los proyectos estratégicos y pilares dentro del buen uso sostenible del patrimonio natural es el avance en los trabajos de recuperación total del Mar Menor» donde su Consejería va a gestionar, directamente, once millones de euros de los casi treinta anunciados.
Dentro de estas partidas se incluye la creación del Observatorio del Mar Menor destacando Celdrán la intención de «seguir contando» con el Comité de Asesoramiento Científico.
Entre las ideas anunciadas también aparece la intención de retirar embarcaciones «que puedan dañar el medio ambiente, fondeos ecológicos de visita en áreas sensibles, o la recuperación de zonas de baño de Villaenanitos o los fondos marinos de las playas de Lo Pagan y Los Urrutias».
El consejero tiene intención, además, de invertir en los humedales naturales, sin especificar cuáles tendrán inyección económica «y se crearán otros artificiales (filtros verdes) para utilizarlos como desnitrificadoras naturales».
«Asimismo, se realizará la Estrategia de Gestión Integtedrada de Zonas Costeras del Mar Menor, como el Plan de Ordenación de Usos en el Mar o el Programa de ordenación de Usos Náuticos».
Además de estas actuaciones en el Mar Menor, la Comunidad quiere intensificar las acciones del Plan Forestal «para dotar de mayor y mejor salud al territorio arbolado de la Región para luchar contra la desertificación y el cambio climático».
Esta prevista también la puesta en marcha de la Estrategia de Educación Ambiental y el uso público de la Red de Espacios Protegidos; y de planes de recuperación de especies amenazadas de flora y fauna, como el Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias; así como del futuro Plan Estratégico de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.
Los presupuestos recogen también la puesta en marcha a mediados de 2018 de la Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente (ARCA), un organismo muy criticado por asociaciones ecologistas y que, según Celdrán, supondrá «un cambio en la gestión de las evaluaciones y las autorizaciones ambientales, al contar con más personal y con la tramitación electrónica para agilizar seiscientos expedientes de proyectos que generarán 15.000 empleos en dos años».
