Ciudadanos ha celebrado que el Gobierno nacional haya avalado la Ley de Aceleración Empresarial “lo que deja en evidencia el alarmismo de PSOE y Podemos” criticando duramente la «carente base jurídica» con la que ambos partidos han intentado tumbar la citada iniciativa parlamentaria respaldada tanto por su formación como por el PP.
El portavoz de la formación naranja en la Asamblea Regional, Miguel Sánchez, ha valorado positivamente el informe realizado por el Gobierno nacional en el que avala al 99% la ley de Aceleración Empresarial aprobada por la Asamblea Regional y sobre la que únicamente existen “dos pequeños reparos que serán subsanados en la comisión bilateral entre el Estado y la Comunidad Autónoma”.
Sánchez ha mostrado su satisfacción “porque el objetivo principal de la ley de Aceleración Empresarial es que cientos de empresas de la Región, que generan miles de puestos de trabajo y que se encuentran en un limbo jurídico por cuestiones urbanísticas puedan operar con normalidad y no se vean obligadas a despedir a sus trabajadores”.
En este sentido, Sánchez ha recordado las numerosas objeciones que pusieron PSOE y Podemos durante la tramitación de la ley en la Asamblea Regional.
El portavoz de Ciudadanos ha incidido en que se trata de una ley necesaria ya que únicamente existían tres opciones para las empresas “que se encuentran en un limbo jurídico porque algunos ayuntamientos no han hecho los deberes. O se cerraban las empresas, o teníamos que mirar hacia otro lado, con lo cual podríamos incurrir en prevaricación, o trabajábamos para lograr una solución, que es el objetivo de la ley de Aceleración Empresarial. Afortunadamente el tiempo nos está dando la razón”.
Podemos: «Una ley tóxica»
Por su parte el portavoz de Podemos en el Parlamento regional, Óscar Urralburu, ha subrayado que su partido ha recorrido al Constitucional porque es una ley “tóxica, más propia del salvaje oeste, que simboliza el peor testamento que nos podía dejar el agónico gobierno de López Miras. Un testamento escrito por la patronal, para que los que controlan realmente la Región puedan descuartizar a gusto lo que es de todos y venderlo al mejor postor. Han puesto al zorro a cuidar de las gallinas”.
Para Urralburu la actitud del gobierno de López Miras es “miserable puesto que están cometiendo una gran injusticia con aquellos empresarios que llevan dos décadas haciendo esfuerzos por cumplir la ley. Estos empresarios son de los que se olvida el PP mientras que hace de sastre para aquellos piratas a los que les regala una amnistía urbanística y medioambiental”.
Asimismo Podemos considera que el PP y Ciudadanos han abierto la puerta para que las actuaciones de las empresas que solicitan informes de impacto puedan proseguir incluso durante la tramitación del expediente “algo absolutamente contrario al carácter preventivo de los mismos. Nos preguntamos cómo a alguien se le puede pasar por la cabeza que mientras se tramita un expediente se permita a una empresa contaminar el aire, el agua o la tierra. No sé qué más le puede pasar a esta Región que ha visto como su Mar Menor ha sido destrozado”.
Óscar Urralburu ha contado que Podemos ha presentado un recurso ante el Constitucional porque lo que parece que el PP pretende hacer con esta ley es que sea “poco clara a propósito, sobre todo en materia urbanística y ambiental, para hacer lo que más le convenga a ellos y a sus redes clientelares. Por ejemplo, regula nuevos procedimientos relativos a figuras inexistentes en la normativa actual, como la llamada licencia de actividad para usos provisionales, sin que esta licencia esté contemplada en el ordenamiento jurídico autonómico”.
Esta ley, ha dicho Urralburu, crea una inseguridad jurídica que hace imposible tener certeza alguna de cuál es la regulación existente y cuáles serán los resultados jurídicos de su aplicación.
«Partido Popular y Ciudadanos -añade Urralburu- se han valido de todas sus artimañas para diseñar un instrumento que les da carta blanca para legalizar empresas que llevan veinte años saltándose las reglas y habilita que las mismas puedan evitar los controles medioambientales y urbanísticos vigentes”.
Esta ley “invade competencias de los ayuntamientos y se excede en todo lo que concierne a la gestión que puede realizar la Comunidad Autónoma. Así, los amiguetes de ambos partidos podrán verse beneficiados sin tener que rendir cuentas ni cumplir trámites que garantizan la supervivencia de nuestro patrimonio natural, algo que sí que llevan años haciendo otros muchos empresarios”.
«Está claro -ha concluido Urralburu- que el PP y Ciudadanos han creado una herramienta a su medida. Con ella, pretenden dar vía libre y legitimar a todas aquellas empresas que llevan años saltándose la ley y que ponen en peligro nuestro medio ambiente, ya de por sí precario por la gestión del PP durante dos décadas”.
