La Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) acusa al Gobierno regional de haber diseñado un Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor, aprobado por el Gobierno Regional y publicado en el BORM de 27 de diciembre, con «algunas trampas que distan mucho de convertir a esta nueva norma en la solución a los problemas ambientales de la mayor laguna litoral española».
Por ejemplo, «podría permitir la continuación de la tramitación de proyectos urbanísticos de gran impacto como Novo Carthago», señala la asociación ecologista.
Para Anse la llamada “moratoria urbanística” aparecida en el Decreto rápidamente es matizada en su apartado 2 donde señala que “…los planes aprobados o en trámite, entendiéndose por tales aquellos que hayan alcanzado la aprobación inicial, podrán continuar con su tramitación”.
«De no producirse cambios en la Asamblea Regional, o los trámites judiciales resuelven la anulación del desarrollo urbanístico, el Decreto Ley del Mar Menor pondría en serios apuros al Ayuntamiento de Cartagena por su decisión de 2018 de paralizar la tramitación del proyecto de reparcelación de Novo Carthago, y podría favorecer reclamaciones por incumplimiento de convenio y daños y perjuicios», aclara la asociación.
Anse considera que el presidente ha demostrado ser «un tramposo» con sus anuncios sobre la protección del Mar Menor permitiendo con la redacción actual del Decreto Ley el rescate inicial del proyecto urbanístico estrella del expresidente, Ramón Luis Valcárcel, dieciséis años después, con un procedimiento judicial aún sin resolver.
«López Miras da una nueva oportunidad, a través de un Decreto Ley improvisado, a una recalificación de suelos que permitiría construir entre 8.000 y 10.000 viviendas, campos de golf y hoteles».
Otros grandes proyectos urbanísticos en trámite, también en el Municipio de Cartagena, como el Plan Parcial del Vivero, que se desarrollarían sobre terrenos ganados al Mar Menor, también podrían continuar a pesar de la moratoria.
En La Manga, donde no existe suelo para equipamientos y apenas quedan unas pocas parcelas con dunas y arenales, y donde la regresión de la línea de costa está haciendo desaparecer la mayoría de las playas interiores (hacia el Mar Menor) la Comunidad Autónoma no ha acordado moratoria alguna, ni siquiera en la única zona propuesta como “Microrreserva de flora silvestre”, de tan solo dos hectáreas, en el término municipal de San Javier.
«Para colmo -continúa Anse- el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente al Mar Menor podría quedar limitado a la zona comprendida entre las autovías que rodean el Mar Menor y la orilla de la laguna, dejando fuera el resto de la Comarca de Cartagena cuyas aguas drenan hacia el Mar Menor, y en un plazo de cinco años, por lo que no sería imprescindible su aprobación en esta legislatura».
Finalmente la asociación ecologista opina que la Asamblea Regional «no debería convalidar el Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor, sino obligar a la aprobación de una Ley Integral del Mar Menor, como se acordó en la legislatura anterior, elaborada de manera rigurosa e incorporando las consultas necesarias de órganos de participación como el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente de la Región de Murcia o el Consejo Jurídico de la Región de Murcia entre otras».
